La ley solo se ha invocado tres ocasiones anteriores en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para recluir a civiles estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado al Gobierno que suspenda las expulsiones amparadas en la llamada Ley de Enemigos Extranjeros que emplea la Casa Blanca para encarcelar en El Salvador a migrantes irregulares acusados de pertenencia a organización terrorista. "Se ordena al Gobierno no trasladar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos desde Estados Unidos hasta nueva orden de este Tribunal", reza la orden del Supremo, con la opinión contraria de los magistrados conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito.
La orden afecta particularmente a los detenidos ahora mismo en el centro de detención de Bluebonnet, en el norte del estado de Texas, acusados de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua. La decisión del tribunal ha sido publicada tras un litigio de emergencia impulsado por los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ante una nueva partida inminente de expulsión de venezolanos detenidos. Todos ellos, según la apelación presentada. estaban siendo "subidos a autobuses, presumiblemente con destino al aeropuerto".
Al declarar al Tren de Aragua como entidad terrorista, la Adminstración Trump argumenta que acabó facultada para aplicar esta polémica ley, redactada en el siglo XVIII para su uso en tiempo de guerra. La ley solo se ha invocado en tres ocasiones anteriores en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para recluir a civiles estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento.
La Administración Trump acabó empleando la ley para expulsar "en caliente" a los migrantes que identificaban como miembros de esta organización criminal, independientemente de su estatus migratorio y sin cumplir el protocolo necesario. Además, los abogados de los afectados han rechazado en ocasiones vínculo alguno entre sus clientes y el Tren de Aragua u otras mafias declaradas como grupos terroristas como el MS-13, la Mara Salvatrucha.
La Casa Blanca todavía no ha respondido a este dictamen, en un nuevo episodio de los constantes encontronazos ocurridos entre la segunda Administración Trump y la Judicatura del país, a quien el mandatario acusa de restringir por motivos políticos sus competencias ejecutivas. Hasta ahora, el Supremo solo se había pronunciado de manera ambigua sobre la cuestión de las expulsiones al admitir su ejecución siempre y cuando los acusados tuvieran la oportunidad previa de defenderse ante un tribunal.
