La familia de una de las víctimas mortales acreditó que la mujer fallecida trabajaba sin contrato y su abogada, Rosa Egea, asegura que está contrastada su situación irregular en la discoteca esa noche
Los cuatro investigados por el incendio mortal en las discotecas de Atalayas en Murcia se acogen a su derecho de no declarar. Estaban citados este martes como investigados por delitos contra los trabajadores. Ninguno de ellos ha respondido las preguntas de la jueza que instruye el caso.
Los tres responsables de Teatre, los hermanos Marco y Eva Martínez y Juan Inglés, y el de Fonda Milagros, Daniel Ramírez, han acudido puntuales a su cita con la jueza. Pero la cita ha sido rápida. Los cuatro, uno por uno, se han acogido a su derecho de no declarar. La defensa de Ramírez justificaba esta estrategia en la falta de información de los delitos que se le imputan, en esta ocasión contra los derechos de los trabajadores. Dice el letrado Francisco Javier Verdú que en su momento se aportó documentación que acreditaba que todos los trabajadores habían recibido formación adecuada en prevención de riesgos laborales y que hasta que no testifiquen en esta causa estos trabajadores, su defendido no hará lo propio.
Sobre esta persona, una de las víctimas mortales y cuyo esposo declaró que trabajaba sin contrato, la abogada Rosa Egea asegura que está acreditada su situación irregular en la discoteca esa noche. También defiende que está sobradamente acreditado que no había medidas de seguridad.
Por otra parte, las acusaciones siguen en su intento de que la Administración asuma las consecuencias de que estas discotecas operaran con, dice José Manuel Muñoz, claras deficiencias en su estructura. Siguen a la espera de que la jueza responda a su petición de que el Ayuntamiento de Murcia sea investigado como responsable.
