El consejero, Juan María Vázquez, niega las acusaciones de inacción de los vecinos y alude al último requerimiento enviado en febrero al actual propietario, la empresa Cartagena Parque del promotor Tomás Olivo
Medio Ambiente exige formalmente al dueño de los terrenos de Zinsa en Cartagena, la empresa Cartagena Parque del promotor Tomás Olivo, la retirada total, y no el simple sellado, de las 45 hectáreas de suelos contaminados con metales pesados. La Comunidad da de plazo hasta mayo para que presente un nuevo plan de descontaminación.
Lo ha anunciado el consejero de Medio Ambiente en el pleno de la Asamblea donde ha vuelto a insistir en que su departamento hará cumplir la ley y el principio de 'quien contamina paga' en las 460 hectáreas de terrenos contaminados catalogados como tales en Cartagena. Los residuos más peligrosos, 45 hectáreas en total, corresponden a la vieja factoría de Zinsa que cesó su actividad en 2008. El consejero niega las acusaciones de inaccion de los vecinos y alude al último requerimiento enviado en febrero al actual propietario, la empresa Cartagena Parque del promotor Tomás Olivo.
Vázquez añadía en su comparecencia que los próximos meses serán decisivos. Si no se cumple lo exigido, dice el consejero, habrá multas y la Administración regional actuará de forma subsidiaria.
El consejero aludía por otra parte a la empresa Ercros, propietaria de suelos contaminados en otra zona de Cartagena, el Hondón. A esta sociedad, la consejería le ha abierto expediente sancionador y exige 800.000 euros para financiar la redacción de un plan de descontaminación
El diputado de Vox Pascual Salvador reprochaba a la consejería la inacción de la Comunidad Autónoma en la última década. Pide más garantías de que la retirada de residuos peligrosos en suelos contaminados se hace conforme a la ley y extremando las precauciones.
La parlamentaria socialista Carmina Fernández recordaba a la Administración regional su responsabilidad en la preservación de la salud y el medio ambiente.
La portavoz del grupo mixto, María Marín, reclama a la Consejería firmeza y resolución para obligar a los propietarios a asumir los gastos de la descontaminación, en especial al dueño de ZINSA, el promotor Tomás Olivo.
