Entre los investigados figuran el exconsejero Antonio Cerdá y otros ex altos cargos y asesores de Agricultura, así como dirigentes de la empresa constructora de la planta
El juzgado de Murcia que ha investigado en los últimos años la causa de la Desalinizadora de Escombreras, en la que figura como investigado, entre otros, el ex consejero regional Antonio Cerdá, ha dado por concluida la instrucción y ha pedido a las partes que presenten escritos de acusación o de solicitud de sobreseimiento.
A través de un auto, el juzgado de Instrucción acuerda transformar en procedimiento abreviado las diligencias previas que abrió en 2016 por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad.
La resolución ha sido notificada a la Fiscalía, a las acusaciones particulares y populares que están personadas en las actuaciones y a las defensas para que presenten sus escritos acusatorios o de solicitud de archivo de las actuaciones si consideran que los hechos investigados no constituyen ningún ilícito penal.
Entre los investigados figuran igualmente otros ex altos cargos y asesores de la Consejería de Agricultura y Agua de los tiempos en los que al frente de la misma se encontraba Cerdá, así como dirigentes de la empresa constructora de la planta.
Hasta 2023, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, promotora de la obra a través del Ente Público del Agua (EPA), figuraba en las diligencias como responsable civil subsidiario, situación que pasó a la de perjudicado al estimar la Audiencia Provincial el recurso que presentaron sus servicios jurídicos.
Además de esta pieza principal, en otro juzgado de Instrucción de Murcia se tramita una pieza separada contra el ex presidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel por el impulso y respaldo que dio a la ejecución del proyecto.
Valcárcel ha mantenido siempre que con la construcción de la planta se trató de resolver el déficit hídrico de la Región, por lo que se trataba de una obra beneficiosa para el interés público, que, por otra parte, había sido reclamada por los alcaldes de los municipios más afectados al demandar una solución a la falta de recursos hídricos que padecían.
Por el contrario, las acusaciones señalan que el proyecto ha sido ruinoso para las arcas regionales y que con el mismo se incurrieron, presuntamente, en los delitos apuntados.
