Pato sale de la Secretaría General con una Federación saneada, con personal más especializado y adaptada a nuevos procedimientos de trabajo
La Junta Directiva de la Federación de Municipios de la Región ha decidido este lunes el cese como Secretario General de Manuel Pato, que llevaba ocho años ejerciendo el cargo y que ahora seguirá en la Federación como Director de Área de Proyectos Europeos y Medio Ambiente. Pato resta dramatismo a su cese, que considera normal en un puesto que depende de un elemento de confianza política. Le hemos pedido un pequeño balance de este periodo y nos dice que se marcha con la espina clavada de no haber podido sacar adelante dos regulaciones que son básicas para los Ayuntamientos: una ley de financiación local, de la que Murcia carece; y una actualización de la norma que determina cuáles son las competencias propias de la administración local, que clarifique un panorama en el que los municipios están asumiendo, y financiando, responsabilidades que en realidad no les competen.
Pato se siente orgulloso de haber reordenado la Federación que, a su llegada, atravesaba por un grave problema de recursos económicos. Este lunes, dice, sale de la Secretaría General con una Federación saneada, con personal más especializado y adaptada a nuevos procedimientos de trabajo. También dice estar feliz por haber conseguido acercar a los ayuntamientos a los mecanismos para captar fondos europeos a través de su participación en proyectos financiados por Bruselas.
Pero todo eso no tapa una de sus principales frustraciones y es no haber conseguido corregir una situación anómala, porque Murcia es una de las pocas Comunidades Autónomas que carece de un mecanismo legal que ordene la financiación que la administración regional debe aportar a los Ayuntamientos. Que el sistema de financiación autonómica esté perjudicando a la Región de Murcia no es una excusa, porque Valencia, que está en una situación muy parecida, tiene resuelta esta cuestión.
También se ha quedado muy vieja la legislación que determina cuáles son las competencias de los Ayuntamientos. Todavía está en vigor la que se redactó bajo la presidencia de Carlos Collado a finales de los años 80, en la que había instrumentos que hoy serían muy útiles que apenas aparecían apuntados y a los que no se ha dado desarrollo. Es imprescindible aclarar qué servicios corresponden a cada administración para evitar que la financiación de competencias impropias siga generando un enorme agujero económico a algunos municipios.