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Luz verde a la ampliación de derechos y prestaciones de las leyes de dependencia y discapacidad

Lo ha aprobado el Consejo de Ministros. Desde la Federación Plena Inclusión de la Región califican la reforma de bienintencionada, pero piden más financiación

CHEMA DÍAZ
11 FEB 2025 - 11:46
Luz verde a la ampliación de derechos y prestaciones de las leyes de dependencia y discapacidad
El Consejo de Ministros aprueba la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. EP
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Luz verde a la ampliación de derechos y prestaciones de las leyes de dependencia y discapacidad
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El Consejo de Ministros aprueba en su reunión de hoy el anteproyecto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales que reforma las leyes de dependencia y discapacidad para ampliar derechos y prestaciones. Las organizaciones de personas con discapacidad ven positivos los cambios pero ven difícil que se apliquen en una situación en la que la financiación de los servicios "cada vez es peor".

La reforma elimina la incompatibilidad entre servicios que no permitía, por ejemplo, asistir a un centro de día y recibir ayuda a domicilio, y amplía las prestaciones a cuidadores del entorno familiar y "relacional", como vecinos o amigos. También se reconoce el 33% de discapacidad a las personas con algún grado de dependencia. Desde la Federación Plena Inclusión de la Región de Murcia, su presidente, Joaquín Barberá, cree que es una reforma "bienintencionada" pero recuerda que si la financiación no aumenta será muy difícil llevarla a cabo.

Con la reforma se suprime la incompatibilidad de las prestaciones, es decir, que los beneficiarios no tendrán que elegir, por ejemplo, entre ir a un centro de día y recibir otro tipo de ayuda. Los usuarios de la dependencia dan la bienvenida a estas mejoras pero no se fían de la palabra de los políticos. Es el caso de Francisco Cánovas y Vanesa Andrés, padres de 3 hijos con autismo. Esperan que se cumpla la reforma y recuerda que las ayudas no dan para mucho porque las terapias son caras.

A partir de que se produzca el cambio, los cuidadores tendrán la opción de cobrar otra prestación, algo que no ocurre ahora porque están cotizando a la Seguridad Social. Vanesa nos explica que hasta ahora no había podido solicitar el paro por estar cuidando de sus hijos.

El Gobierno regional pide más financiación 

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, pide más financiación para poder soportar los cambios que introducirá el anteproyecto para la reforma de la ley de dependencia. En su opinión, no se pueden establecer mejoras en las prestaciones para dependientes y cuidadores sin una dotación presupuestaria.

La intención del gobierno es que esta modificación sirva para eliminar los recortes que introdujo el gobierno de Mariano Rajoy en 2012 y también para establecer unos mínimos de calidad, en las prestaciones para promover la igualdad de derechos independientemente de la comunidad autónoma en la que se viva. Así, por ejemplo, se pone fin a la incompatibilidad de las prestaciones, de modo que se podrán combinar distintos servicios. Un cambio que, en opinión de la consejera murciana no puede ponerse en marcha sin más recursos económicos

Conchita Ruiz recuerda que la Comunidad Autónoma cubre el 75% del total que reciben los dependientes de la Región y critica que el 25% restante que cubre el Estado lleva dos años congelado, por lo que con esta modificación, advierte, solo va a incrementar el gasto a las comunidades.

Otras novedades 

Entre otras medidas, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha destacado que se aprueban dos derechos: el derecho a la teleasistencia, que pasa a ser entendido como un derecho subjetivo, con un enfoque preventivo; y el derecho a la accesibilidad universal, como requiere el artículo 49 de la Constitución.

Entre otros objetivos, la reforma busca "agilizar los procesos administrativos, evitando sobrecargas burocráticas" y, por ello, la reforma incluye medidas como la asimilación de las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia (en cualquier grado) a una discapacidad del 33%.

Asimismo, con el objetivo de "eliminar rigideces e ineficiencias" y mejorar la "flexibilidad" del sistema, el anteproyecto suprime el régimen de incompatibilidades entre distintas prestaciones que, según recuerdan fuentes del Ministerio, fue "impuesto con los recortes de 2012. Esta medida permitirá a las personas recibir varias ayudas simultáneamente, por ejemplo, el centro de día y la ayuda a domicilio.

Igualmente, se elimina el periodo suspensivo de dos años que retrasaba el acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y se simplifican los trámites administrativos en la revisión del Programa Individual de Atención (PIA).

Al mismo tiempo, se establece un procedimiento de urgencia para situaciones de especial vulnerabilidad, en la misma línea que la ley ELA, en caso de demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica, factores que permitirán reordenar el tratamiento de los expedientes.

Por otro lado, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, permitiendo que también pueda recibir la ayuda cuando el cuidado sea prestado por parejas, amigos u otras personas allegadas, respondiendo a nuevas situaciones de convivencia o a situaciones de personas que viven solas.

Además, el servicio de ayuda a domicilio que estaba centrado en necesidades de cuidado personal y domésticas, se extiende a actuaciones en el entorno comunitario, pudiendo ampliarse a actividades como hacer la compra o ir al médico.

La reforma también incluye una serie de medidas para facilitar esa concreción del derecho a la accesibilidad universal, como la creación de un fondo para la promoción de la accesibilidad universal, que se va a ocupar de emprender todos los trabajos que sean necesarios para que los espacios y los servicios públicos sean accesibles, por ejemplo, dentro del Sistema Nacional de Salud o en los museos estatales.

En definitiva, Bustinduy ha destacado que es "una reforma ambiciosa" y "extraordinariamente positiva" para el cambio del modelo de cuidados, y ha asegurado que "va acompañada de un esfuerzo sin precedentes en la financiación de la dependencia". Según ha precisado, en el año 2024 se alcanzaron los 3.411 millones de financiación para el sistema de la dependencia desde la Administración General del Estado.

"Esto es un máximo histórico. Supone un 150% más que respecto al año 2018 y un 200% más que respecto al año 2014. Hay pocos precedentes en el ámbito de las políticas públicas y de las políticas sociales de un esfuerzo presupuestario de esta naturaleza", ha enfatizado

 

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