La sección 3 de la Audiencia Provincial ha dejado sin efecto el señalamiento de conformidad previsto para el próximo 9 de julio. El expresidente ha decidido que defenderá su inocencia durante el juicio
El expresidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, irá a juicio por el caso de la desaladora de Escombreras al haber rechazado cualquier tipo de acuerdo de conformidad.
La sección 3 de la Audiencia Provincial ha dejado sin efecto el señalamiento de conformidad previsto para el próximo 9 de julio en el marco del conocido como caso La Sal II. Le fue noticiado el pasado 24 de mayo pero el acusado ha decidido que defenderá su inocencia durante las sesiones, por el momento sin fecha.
El Fiscal solicita para Ramón Luis Valcárcel por este proceso, penas que suman 11 años y 6 meses de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras.
La acusación popular eleva estas penas a 15 años de prisión por los delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa que multiplica por seis el dinero presuntamente defraudado. Ambas acusaciones solicitaban, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado.
El abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación popular en el caso de la desaladora, sostiene que la notificación que le ha llegado es "demasiado escueta". Según señala, en ella se expone que el propio Valcárcel pidió no comparecer por tratarse de una persona famosa. En opinión del abogado, la única explicación es que esté siguiendo una estrategia para "alargar el proceso lo máximo posible y conseguir así alguna ventaja por dilaciones indebidas".
De Ramón también se ha referido a la fianza de 74 millones que le impuso el juzgado. Asegura el abogado que sigue sin depositarla y que, por tanto, ha pedido el embargo de algunos de sus bienes. Hace unas semanas, la Audiencia Provincial confirmaba la fianza de 74 millones exigida a Valcárcel en este caso y la consideraba procedente por coincidir con la cantidad fijada por el actor civil, de acuerdo a los informes periciales sobre los posibles efectos económicos por el sobrecoste de alquiler de la planta.
